Qué puntos de la ley afectan a los pequeños productores.

Extranjerización de la tierra, eliminación del Instituto de la Yerba Mate, venta del Banco Nación y la adhesión al convenio que permite privatizar las semillas.

Dirigentes de la Mesa Agroalimentaria Argentina participaron de los debates en el Congreso manifestando su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Javier Milei que entró en vigencia el 29 de diciembre (excepto en su capítulo laboral) y al proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocido como “Ley Ómnibus”, que esta semana comenzó a ser tratado en sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados.

La entidad, conformada por organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), el Movimiento Campesino Indígena Somos Tierra y Bases Federadas (un desprendimiento de la Federación Agraria), se manifestó en contra de la privatización de las empresas públicas, el desmantelamiento del Instituto de la Yerba Mate (INYM), y la adhesión de la argentina al convenio internacional UPOV 91 que abriría la puerta al patentamiento de semillas.

Agustín Suárez, referente de la UTT sostuvo que “la derogación de diversas normas dentro del DNU no tienen otra función que favorecer la exportación de la producción, poniendo en riesgo el abastecimiento interno. Esta es la finalidad que persigue la derogación total de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley de Promoción Industrial, así como la derogación parcial de las leyes Compre Nacional y Compre Argentino”.

En tanto, “el recorte de las pocas ayudas que existían para nuestro sector y la eliminación de áreas clave para la agricultura familiar, muestran el desinterés del Gobierno por el verdadero campo, golpeado por la sequía, los temporales, la falta de acceso a la tierra y el aumento de los alquileres, combustibles e insumos, y solo le importa garantizar las ganancias del capital concentrado del agronegocio. Hoy solo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60 por ciento de los alimentos que circula en el mercado interno; mientras que el 1 por ciento de las empresas agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada en nuestro país”.

En tanto, Omar Príncipe, titular de Bases Federadas, sostuvo: “No estamos de acuerdo con las privatizaciones de las empresas públicas, especialmente el Banco Nación, que es una herramienta financiera para los pequeños y medianos productores y el movimiento cooperativo”.

También rechazó la eliminación del Fondo Compensador Algodonero y del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la modificación de la Ley de Tierras que permitiría su extranjerización. “En Argentina hay 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros, el 6 por ciento del territorio. ¿Podemos derogar una ley de tierras sin debatirla, cuando costó años acordarla con los gobernadores y el Congreso?”, se preguntó.

Asímismo, se refirió a la la adhesión de Argentina al convenio UPOV 91 como “una ley hecha a la medida de Bayer-Monsanto que implica perder el derecho al uso propio por parte de los productores y pone en riesgo la diversidad”. Además, sostuvo que “es falso que faltan inversiones en materia de semillas por la no adhesión a la UPOV 91. En los últimos años, se cuadriplicó la producción de soja, maíz y otros granos.

En tanto las entidades que conforman la mesa agroalimentaria argentina reiteraron cinco proyectos de Ley, oportunamente presentados al Congreso, que promueven la producción nacional de alimentos saludables y respetuosos con el ambiente.

Se trata de la Ley de acceso a la tierra; la Ley de arrendamientos rurales. La Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar; la Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias y la Ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.

“Estas son las normas necesarias para frenar el proceso de concentración económica y el despoblamiento del campo e impulsar el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, de la agricultura familiar y el movimiento cooperativo agrario. “Somos los que, en realidad, estamos en emergencia”, señaló Principe. La producción, comercialización, industrialización y exportación en manos de agricultores está desapareciendo, quedando para los grandes capitales en forma de fondos de inversión, fideicomisos y pools de siembra”, advirtió.

*Lic. en Periodismo y Comunicaciones. Autora de «Ser Sustentables» (Ed. Urano)