A pesar de la pandemia, las familias trabajadoras de la tierra seguimos construyendo nuestra propuesta cultural, productiva y económica, basada en la equidad de géneros, el acceso a la tierra, el impulso a la agroecología, la soberanía alimentaria y el comercio justo. Algo que hacemos desde la construcción colectiva, en asamblea, reconociéndonos como lo que somos: el campo que alimenta. El 2020 será recordado como el año de la pandemia, pero las y los trabajadores de la tierra queremos recordarlo por todo lo que hicimos.

El 10 de marzo, unos días antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, nos encontramos en la Plaza de Mayo y en distintos puntos del país para realizar un verdurazo más. Fuimos a la Capital Federal con tractores y llenamos la calle con 20 mil kilos de verdura que regalamos, demostrando la solidaridad del campo que alimenta en contraste con el corporativismo de la Sociedad Rural y la “Mesa de Enlace”. Ahí estuvimos apoyando a las retenciones segmentadas y a las medidas redistributivas prometidas por el nuevo gobierno.

Pensábamos entonces que esas medidas podían significar un mayor apoyo para las políticas públicas necesarias en nuestro sector; políticas sobre las que tenemos propuestas sistematizadas producto del trabajo y la experiencia. Así lo demuestran las conclusiones emergentes del trabajo conjunto de más de 100 organizaciones durante el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, en mayo de 2019. Quién hubiera dicho que en el país del egoísmo de quienes tienen más, el país de la ley de emergencia alimentaria y las muertes por desnutrición y sed, nos iba a tocar un año así. Llegada la pandemia y la cuarentena, sostuvimos nuestro trabajo esencial, nuestras demandas y ampliamos nuestras luchas.  

Verdurazo solidario en Plaza de Mayo (Pepe Mateos)

El 24 de marzo, además de gritar una vez más bien fuerte NUNCA MÁS, encaramos un nuevo desafío: nuestro compañero Nahuel Levaggi asumió la presidencia del Mercado Central de Buenos Aires porque entendemos que el mercado concentrador más grande de Argentina tiene que jugar un rol social, para atrás en la producción y para adelante en el consumo, con el fin de democratizar la cadena alimentaria.

Cuando los comedores comunitarios estallaron por la imposibilidad de laburar, comenzaron a llegar pedidos de donaciones de alimentos. Por eso fuimos a la Villa 31 a principios de mayo para donar alimentos y nos articulamos con comedores para brindar apoyo solidario en un momento tan difícil

Así fue que impulsamos la Red de Comedores por una Alimentación Soberana a finales de mayo. Ya en el mes de julio nucleamos a 105 organizaciones populares, clubes de barrio y comedores que nos juntamos para distribuir el alimento indispensable y esencial para los comedores del AMBA. En sólo dos meses distribuimos 130.000 kilos de alimentos: zapallo de Santiago del Estero, papas de Tandil, mandioca de Misiones. ¡Hasta compartimos con pibes y pibas de organizaciones populares urbanas la cosecha de zapallo donada por una compañera, acercando la ciudad al campo! Pensamos que el trabajo digno y amoroso de preparación de alimentos en comedores populares puede habilitar y promover una alimentación sana y soberana. Por eso creamos un “Recetario para Comedores Populares”, recuperando preparados tradicionales y valorizando los saberes de los comedores.  

Toneladas de papas para distribuir entre la Red de Comedores

En nuestras quintas la vida de pandemia nos golpeó fuerte, sobre todo al sector de la floricultura al que apoyamos con créditos para que produzcan verduras que recuperamos con la comercialización de la producción; también brindamos acompañamiento técnico del Consultorio Técnico Popular (Co.Te.Po). Nuestra área de Acción Social acompañó también a compañeros y compañeras que tuvieron covid, brindando alimento y contención, además de inaugurar nuevos comedores comunitarios en nuestros barrios. Simultáneamente, la demanda de alimentos agroecológicos distribuidos a través de nuestro esquema de comercialización aumentó muchísimo. Por eso, inauguramos el primer Mayorista de alimentos cooperativos en Avellaneda, un Almacén de Campo en la Colonia de Luján y un Almacén en El Hoyo, Chubut. Además de los Almacenes de Ramos Generales y el Mayorista Agroecológico, el sistema de compras comunitarias o nodos de consumo -muy adecuado para evitar aglomeraciones- creció exponencialmente. Entonces, construimos una alternativa para impulsar y profundizar la producción agroecológica. Con el Programa de Impulso a la Agroecología (PIA), fortalecemos la autonomía en la producción respecto de insumos dolarizados que dañan al ambiente y a la salud de quienes producimos y consumimos. En nuestra primera plantinera agroecológica, trabajamos colectivamente para producir bandejas de plantines que vendemos a precio justo y que distribuimos con un sistema de entregas a crédito que recuperamos con la comercialización. Colectivamente acondicionamos un invernáculo cedido por un compañero y sembramos las bandejas. La expectativa es generar soberanía sobre las semillas que utilizamos, recuperando variedades y el rol socio-productivo y cultural del mejoramiento y multiplicación de semillas. Nuestros jóvenes también forman parte de este proceso, se capacitaron en agroecología para ser nuestros futuros técnicos y técnicas. La plantinera y biofábrica se complementan con el Sistema de Garantías Participativas (SGP), una iniciativa de garantía sobre la producción agroecológica en el que articulamos con organismos públicos y universidades. Con estas acciones generamos laburo genuino. Las leyes de la Provincia de Buenos Aires de Fomento a la Producción Agroecología y de Arraigo Rural siguen siendo una materia pendiente que acompañaría y fortalecería estos procesos que impulsamos.  

Plantines que forman parte de la plantinera y el Programa de Impulso a la Agroecología

Seguimos firmes con nuestra demanda por la Ley de Acceso a la Tierra en todo el país, básicamente proponemos una suerte de “Procrear Rural” para acceder a créditos. Por eso en agosto montamos una huerta frente a la Plaza de Mayo donde el Poder Ejecutivo recibió nuestro pedido a través de una carta junto a la ley. Dos meses después, el 22 de octubre, presentamos por tercera vez nuestra ley en el Congreso de la Nación; una ley que además de créditos blandos, plantea el loteo y la distribución de tierras de dominio público para destinarlas a la producción de alimento sano. Esto es indispensable para desplegar alternativas productivas sustentables con todo su potencial. Necesitamos de compromisos permanentes sobre el suelo que trabajamos, sin alquileres que resultan abusivos y que nos imponen condiciones de precariedad. Alimentamos al pueblo y no podemos tener una vivienda digna, impulsamos un modelo productivo sustentable y nuestras casas se incendian. Esto debe revertirse en favor de la justicia social que anhelamos. En el Congreso hubo un amplio apoyo institucional de diputados, ministerios y agencias del Estado con responsabilidades en la materia. 

En el año de la pandemia sin precedentes, donde casi la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, los extractivismos que pesan sobre nuestros territorios no cesaron. En la discusión que atravesamos como sociedad en torno a la economía y la salud, nos comprometemos con una ética de cuidados y prevención ¿Cómo puede ser que en medio de una pandemia global producto de un virus zoonótico, se proyectan megaindustrias porcinas como promesa de desarrollo? Son falsas esas “soluciones” porque no emergen de las y los trabajadores y hay probadas evidencias de sus consecuencias negativas. Si el problema es la falta de divisas, no rifemos nuestras aguas, suelos y salud ya que de estos elementos depende nuestro futuro. En cambio, las familias trabajadoras de la tierra junto al cooperativismo, tenemos muchísimos proyectos e ideas escalables, con agregado de valor y basadas en experiencias locales, con pertinencia cultural y criterios de sustentabilidad reales; tenemos argumentos éticos, científicos y culturales que nos respaldan.  Por eso fuimos el 8 de agosto a la puerta de la Cancillería con verduras para donar a comedores, para manifestarnos contra el acuerdo inconsulto de megafactorías porcinas para China. Entonces propusimos a la Cancillería una mesa de diálogo con participación de instituciones pertinentes, academia y de nuestro sector porque no vamos a permitir que avancen los acuerdos sin licencia social. 

Por la misma falta de licencia social, durante todo el 2020 participamos de la campaña contra el proyecto multipropósito “Portezuelo del Viento” en la provincia de Mendoza que amenaza con la construcción de una represa la cual va secar el río Colorado que se extiende de este a oeste del país y que afectaría a más de 100.000 hectáreas ricas en diversidad de producciones. Lo mismo sucede con la amenaza de cambio de zonificación minera en la Meseta Chubutense de la mano del gobernador Mariano Arcioni que, incumpliendo sus promesas de campaña, quiere imponer la megaminería a través del proyecto de ley 128/20. En la meseta chubutense en la zona de Gualjaina y en Paso del Sapo cada vez producimos más y mejores alimentos agroecológicos junto a comunidades mapuche. De la mano de toda la provincia de Chubut, alzamos la voz contra la megaminería y la violencia del gobierno de Arcioni. También nos pronunciamos contra el fuego del agronegocio, la especulación inmobiliaria y el desmonte, todos ecocidios que no dieron tregua en el 2020, dejando un saldo de 900.000 hectáreas consumidas por el fuego. Decimos que la mecha la encendió el agronegocio y la especulación inmobiliaria. En la disputa por la “nueva normalidad”, el ecocidio sobre humedales y bosques nativos no encaja con la expectativa social de construir un futuro más justo. Por eso apoyamos que se sancione la Ley de Humedales y aplaudimos la sanción de la Ley de Manejo del Fuego. 

   

Estos hechos son corolarios de la violencia de un modelo productivo caduco que permea en la cultura y genera desigualdad. La violencia transversal del extractivismo y el patriarcado se expresa en situaciones como las que vivimos a finales de mayo cuando mataron a Alex Campo en Cañuelas, un joven de 16 años que estaba cazando liebres en un campo privado. Rodolfo Sánchez, propietario del lugar decidió atropellar al joven con su camioneta último modelo ¿Qué hace que alguien pueda sentirse en la potestad de decidir sobre la vida de un joven de 16 años? El modelo crea tal nivel de desigualdad que hace que algunas vidas puedan ser descartadas, “un negrito menos” pensarán muchos patriarcas del agronegcio. Un campesino menos pensó Carlos Fortunato Flores cuando asesinó a Don Cheta González, compañero de la UTT de la base de La Tala en Tucumán. Flores es un policía retirado de la zona que hace negocios con las tierras que hace décadas trabajan las familias campesinas. Un mafioso que alambra tierras ajenas y las alquila para producir soja. «Usted no puede entrar acá, no son más sus tierras», le gritó Flores. Don Cheta no alcanzó a contestar. Flores sacó un arma y le disparó. La bala le dio en el hombro y Don Cheta cayó del caballo. Entonces Flores lo remató de dos tiros en el pecho. Don Cheta murió casi en el acto el 15 de septiembre. Pedimos justicia para su familia y para el pueblo campesino, mientras haya impunidad estos hechos no van a detenerse.

Un dolor inmenso atravesó a toda la organización cuando, el 3 de agosto, nos arrebataron a Lucía Correa Arenas, asesinada por su pareja. Trabajamos todos los días para erradicar la violencia patriarcal de nuestros territorios. El modelo que impulsamos es con equidad de género y sin asimetrías en la toma de decisiones productivas. Las mujeres trabajadoras de la tierra nos fortalecemos a través de la Secretaría de Género y el 21 de diciembre inauguramos un refugio que levantamos entre todas, para que no haya más casos como el de Lucía: el primer refugio para mujeres campesinas víctimas de violencias.

Inauguración del primer refugio para mujeres víctimas de violencias

Salta a la vista que la lógica del modelo está torcida y en todos los frentes el problema de la tierra es el más acuciante por resolver. Necesitamos reglas claras, equitativas, solidarias de manera urgente. En el año en el que la pobreza expulsó de sus casas o de sus cuartitos a miles de familias que ya vivían en la precariedad absoluta y que por imposibilidad de alquilar y por falta de laburo se fueron a tomar algún pedacito de tierra, nos solidarizamos con el pueblo que quiere vivir dignamente. Por eso fuimos a la toma de Guernica a regalar alimentos sanos. Entiendan que nadie elige vivir así, como nosotros no elegimos vivir en casillas de madera, son las condiciones del sistema y la falta de políticas públicas las que nos llevan a esa situación. Como decía alguna familia de Guernica “no queremos que nos regalen, somos laburantes, queremos pagar cuotas, tener algo propio”. Lo mismo que decimos nosotras y nosotros en nuestra Ley de Acceso a Tierra.

¡No queremos que nos regalen nada! Simplemente esperamos de la política pública un mejor acceso a posibilidades para vivir dignamente, una casa hecha de material, poder cuidar el suelo sin tener la soga en el cuello de que mañana te pueden correr del lugar, trabajar para producir alimentos nutritivos. Recuperar la alimentación, la biodiversidad, nuestras semillas. Estas políticas son nuestra demanda y también son nuestra acción. No sólo demandamos sino que avanzamos para demostrar la urgencia y la potencialidad de nuestras propuestas. Por eso avanzamos con nuestra propuesta de Colonias Agroecológicas Integrales de Abastecimiento Urbano. Inauguramos una nueva colonia en la localidad de Castelli y avanzamos con el proceso de conformación de colonias en Gualeguaychú y en la localidad de Tapalqué. 

Por todo lo que hicimos en este 2020 de pandemia, por lo que demostramos que podemos hacer, que el 2021 sea con Ley de Acceso a Tierra, fomento de la agroecología, soberanía alimentaria y comercio justo. Creemos que son pasos fundamentales que tenemos que dar para salir de los ciclos de crisis, pobreza y violencia con los que cerramos esta década de trabajo y organización. 

 

Foto portada: Hernán Vittenberg