Asistimos a un momento histórico sin precedentes para redefinir y generar transformaciones en el modelo productivo de nuestro país. La pandemia de Covid-19 pone de manifiesto las vulnerabilidades, tanto ambientales como sociales, a las que las que nos exponemos mientras avance el modelo que pondera ganancias extraordinarias de un puñado de empresarios, opuestos a la ética solidaria y de justicia socioambiental que proponemos, tanto desde la UTT como desde un amplio abanico de organizaciones sociales y ambientales.

La indolencia e impunidad con la que sectores concentrados han avanzado sobre nuestros bienes comunes, no han mermado en el contexto de pandemia, sino que van en aumento, agravando un proceso de décadas de acumulación de riquezas en pocas manos a costa del despojo. En pandemia, más de 20.000 hectáreas desmontadas en el Gran Chaco Argentino y cerca de 90.000 hectáreas incendiadas en el Delta del Paraná. Además, aproximadamente 30.000 hectáreas de las sierras de Córdoba fueron consumidas por el fuego, devastando el triste margen del 3% de bosques nativos que perduran en aquella región. Lo mismo sucede sobre reservas naturales urbanas que son sistemáticamente incendiadas por la ambición de proyectos inmobiliarios de lujo, muy alejados de la emergencia habitacional y la vulneración del derecho a la vivienda digna de miles de familias que son criminalizadas en tomas, única estrategia de la que pueden valerse para hacerse de un pedacito de tierra donde vivir. Como si fuera poco, nos amenaza un acuerdo comercial con China para la instalación de mega industrias de producción de carne de cerdo. Este brevísimo racconto pone de manifiesto que instalar una “nueva normalidad” post-pandemia tiene mucho de fantasía en la medida en que no dispongamos de políticas públicas que permitan desplegar otras estrategias productivas que garanticen sustentabilidad ambiental y justicia social.

Los incendios que han despertado marchas masivas en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, demuestran que la sociedad está esperando otra cosa del futuro inmediato. En la disputa por la “nueva normalidad” el ecocidio sobre humedales y bosques nativos no encaja con la expectativa social de construir un futuro más justo. Por lo mismo, el juicio ético contra los incendios intencionales sobre extensiones inmensas, no puede ser un grito en el vacío. Sin restricciones ni regulaciones por parte del Estado y sin una injerencia real de las comunidades que se ven afectadas, acompañadas por instituciones públicas de investigación/extensión, el mercado y los grandes negocios seguirán destruyendo bienes comunes como bosques y humedales. Estos ecosistemas tienen funciones ambientales esenciales para la proliferación de la biodiversidad y la cultura productiva sustentable como la nuestra; es decir, la agroecología de las familias trabajadoras de la tierra.

Producción agroecológica en la Colonia de la UTT en Jáuregui, Luján.

Producción agroecológica en la Colonia de la UTT en Jáuregui, Luján.

 

No podemos perder de vista que la pandemia tiene origen en un virus zoonótico y el fuego arrasador nos expone a peligros concretos: cambio climático por la pérdida de biomasa de enormes extensiones, desertificación, riesgo de inundaciones, pérdida de biodiversidad y mayor propensión a transmisión de nuevos virus. Todo ello porque la expansión de la agroindustria sojera ha reducido la disponibilidad de pasturas para el ganado, forzando a que zonas de humedales sean incendiadas para montar terraplenes y endicamientos, confeccionando artificialmente un ambiente acorde a los intereses ganaderos. A esto se le suman los intereses inmobiliarios y proyectos de infraestructura que afectan directamente la calidad de vida de las poblaciones locales que resisten organizadamente, exigiendo que se las consulte. Por ello, el argumento basado en la ancestralidad de las prácticas de roza (tala y quema) para justificar el fuego, no en más que oportunista. De haber ancestralidad en la quema de decenas de miles de hectáreas, ya no quedarían árboles ni pastizales en pie y 10.000 años de agricultura no hubieran resistido a la voracidad empresarial.

A la luz de los hechos, las alternativas productivas que desplegamos, de la mano de la agroecología y el comercio justo, ponen todas las cartas sobre la mesa para un futuro mejor: acceso a tierra, fomento de la agroecología, derechos laborales y colonias agroecológicas de abastecimiento urbano. Ejemplos hermosos como el que desarrollamos en la “Colonia Agroecológica de Abastecimiento Urbano 20 de abril-Darío Santillán” ubicada en Jáuregui, Luján –que nació de una recuperación de tierras, nada más ni menos- demuestran que la producción, la conservación y el cuidado de los bosques pueden integrarse. De las 84 hectáreas que componen la colonia, 30 hectáreas son reserva de bosque. En las 54 hectáreas restantes, 50 familias trabajadoras de la tierra producimos alimentos agroecológicos y tenemos la capacidad de abastecer a la Localidad de Luján. Quizás algún fundamentalista del agronegocio podría replicar que nuestro problema es la escala productiva, porque somos trabajadores de la tierra que vivimos y producimos extensiones pequeñas. Para que sepan, nosotras/s somos el campo que alimenta y producimos más del 60% de los alimentos. Entonces, decimos que el problema es la escala de ganancia y la concentración de tierras ¿Cómo puede haber tan poca gente con tanto, produciendo tan poco empleo y haciendo tantos daños irreparables? En cambio, nosotras/os somos un montón y no paramos de trabajar para garantizar el acceso a alimentos sanos a precios justos. Por ello, exigimos el acceso a la tierra que trabajamos y necesitamos que los humedales sean protegidos: son fuente de agua y biodiversidad, indispensables para construir un futuro mejor.

¡Justicia por los Incendios!

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#SomosElCampoQueAlimenta