La empresa agroexportadora Vicentín SAIC es un grupo que posee alrededor de 25 empresas,
y que creció vertiginosamente en los últimos años. En el año 2015 ocupaba el puesto 19 entre
las compañías de mayor facturación en Argentina, y a fines del 2019 asciende al 6to lugar.
Exportaba alrededor del 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos, constituyéndose en
la primer cerealera de nuestro país. Además gestionaba otros negocios relacionados con el
sector: carne vacuna, curtiembres, lechería, industria algodonera entre otras. Por otra parte,
a partir del desguace de la Junta Nacional de Granos en 1991, posee el puerto de San Lorenzo,
ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario; dicho Puerto es el más importante
de la hidrovía del Paraná y está considerado el puerto en dónde circula el mayor volumen de
granos de soja en el mundo.
La empresa Vicentín durante el año 2019, incumplió con la deuda contraída con el Banco
Nación por 18.132 millones de pesos, a la vez que tiene millonarias deudas con otros bancos
(nacionales y extranjeros), también con productores e instituciones cooperativas que
proveen cereales, oleaginosas y carnes a la mencionada empresa.


Sostenemos que la decisión del Estado Nacional de intervenir Vicentín debe tener entre otros
objetivos, el de evitar una mayor concentración de un mercado fuertemente dominado por
empresas Transnacionales (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta
manera, controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo
ingresar en un sector que incrementó la especulación financiera. Vicentín y otras compañías
cerealeras subfacturan las exportaciones agrarias, a través de maniobras de triangulación en
las ventas externas (Argentina-Uruguay-Europa), eludiendo el pago de las contribuciones
tributarias (retenciones) e impidiendo la entrada de dólares a nuestro país. Argentina se privó
de una entrada millonaria en dólares por concepto de retenciones.
Celebramos que Vicentín se transforme en un Empresa Nacional con participación del Estado,
que intervenga en el Comercio Exterior, bregando por un modo de producción diferente, con
Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo; que cuide las divisas que tanto cuestan a
nuestro país, y que mejore la inserción de Pymes, Agricultores Familiares, Campesinxs y
Comunidades Indígenas en el Comercio Exterior.
La Soberanía Alimentaria, planteada en 1996 durante un congreso de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma por la Vía Campesina,
pone en debate el modelo productivo y coloca en el centro del mismo, a la agroecología, la
tierra y los bienes comunes en manos de lxs campesinxs, y propone otra forma de producción
y consumo.
Avanzar hacia la regulación del Comercio Exterior, impacta positivamente en los precios que
perciben lxs productorxs y los precios que pagan por los alimentos lxs consumidorxs. Es
importante la participación de Cooperativas y de Organizaciones en la gestión de la empresa,
para transformarla en un instrumento de regulación de precios y apuntar al desarrollo con
impacto local, con agregado de valor en origen que necesitan los productores familiares.
A partir de la creación de una Empresa Pública con participación del Estado, cooperativas,
organizaciones de productores y trabajadorxs, se debería reorientar el perfil de la empresa
hacia el sector de los alimentos, que permita un mejor contralor de los precios y que genere
una mejor distribución de ingresos y ganancias en las cadenas de valor intervinientes.
A la empresa Vicentín del Agronegocio, hay que transformarla en la Empresa Pública que sirva
de palanca para la Soberanía Alimentaria y que contribuya a terminar con las distorsiones del
sector concentrado, regulando la provisión interna y las variaciones de los movimientos de
precios. La constitución de una empresa testigo bajo control estatal, permitiría comprar los
alimentos a los productorxs y administrar las ventas a lo largo del año, facilitando al mismo
tiempo las operaciones de exportación. Generaría un fuerte impulso para pequeñxs y
medianxs productorxs, con mejoras en las condiciones de comercialización y financiación en
relación a las que imponen las cerealeras y las grandes industrias. A la vez que se constituiría
como una herramienta de control de la inflación, al transparentar las actividades y por ende
bajar costos.
Por otra parte, según el proyecto de intervención en Vicentín existen 5.628 trabajadores que
hoy ven seriamente amenazada su fuente de trabajo. La expropiación permite sostener los
trabajadorxs directos e indirectos que tiene la Empresa, a la vez que posibilita seguir
comprando materias primas a miles de pequeñxs y medianxs productorxs de la región que la
abastecen.
La posibilidad de reconvertir una empresa de estas magnitudes en clave de Soberanía
Alimentaria, llega en un momento donde el mundo afronta los desafíos de la crisis climática
que ya impacta con fuerza en nuestro país con sequías e inundaciones; y donde el modelo
agroindustrial dominante es responsable de más del 40% de las emisiones de GEI. Al mismo
tiempo la opinión pública mundial condena cada vez con más fuerza el uso de agrotóxicos y
transgénicos, y esto tiene su correlato en el debate de marcos regulatorios de importantes
destinos de nuestras exportaciones. En ese escenario una empresa pública que impulse el
cambio del modelo agropecuario es fundamental, no sólo para garantizar la continuidad del
ingreso de vitales divisas por exportaciones, sino para avanzar en el cuidado de los ambientes
naturales y de la salud de las poblaciones urbanas y rurales. Y por otro parte, es imprescindible
para hacer frente a la crisis climática, y alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.
Qué Vicentín sea expropiada y se transforme en una empresa de Utilidad Pública, es un
importante paso hacia la Soberanía Alimentaria!!!

Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular