DECLARACIÓN CONJUNTA

La pandemia de la desigualdad

La crisis desatada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 puso al mundo en vilo, que se vio obligado a adoptar una serie de medidas de emergencia con el único objetivo de paliar los estragos en términos humanos y materiales, y así evitar el colapso del sistema económico y sanitario. Ahora bien, en ese proceso pudimos observar cómo la crisis profundiza una serie de problemáticas y desigualdades estructurales, que han sido receptados por la agenda pública. Por un lado se puso en tela de juicio la capacidad del mercado para dar respuestas en tiempos de emergencia. Tiempos en los que la presencia estatal y la solidaridad colectiva se revalorizan en contraposición al sálvese quien pueda. En ese sentido, la cuarentena dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia del dia 19 de Marzo supuso el resguardo de la ciudadanía en sus hogares para contrarrestar el incremento exponencial de los contagios. Sin embargo, el aislamiento también trajo aparejada la paralización de una serie de actividades económicas, cuyo impacto en la cotidianidad de la vida de la gente puso de relieve el gran entramado de desigualdades sociales preexistentes a la pandemia. No todxs vivimos la cuarentena por igual. Tal vez, de todas esas inequidades, la emergencia en las villas es aquella que mejor ilustra la situación descripta, que se traduce en una serie de problemáticas muy concretas. El hacinamiento extremo y la falta de recursos tan elementales como el agua, que constituyen derechos humanos inalienables, reflejan la ausencia histórica del Estado. Y así como la pandemia probó la inocuidad de la contraposición entre economía y salud, la misma también nos debe servir como muestra de los perjuicios que conlleva la falta de perspectiva ambiental en el diseño de políticas públicas para el desarrollo del país. Hoy nos encontramos en un contexto en el cual todos los esfuerzos deben abocarse a mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, también nos encontramos en un momento histórico de cuya correlación de fuerzas, y de cuyo debate saldrá emergente el próximo proyecto de futuro para el país. Con eso en mente, esta crisis constituye un punto de inflexión del cual resulta imperativo que surjan acuerdos básicos cimentados en la necesidad de incorporar el criterio ambiental de forma transversal a todos los aspectos económicos y sociales. Ahora bien, para ello será menester una organización comunitaria que permita satisfacer los intereses y las necesidades materiales de quienes más sufren, cuyo tratamiento ha sido injusta e inaceptablemente postergado. La salida de esta nebulosa no puede encontrarnos replicando y, aún más, profundizando el modelo económico y social que nos trajo hasta este lugar. Será necesario ser creativxs y audaces para idear en el día de hoy, el mundo que queremos para nuestro mañana. Un mundo que provea condiciones de vida dignas para todxs, y que nos permita a cada unx de nosotrxs idear su proyecto de vida, en lugar de luchar por sobrevivir. Un mundo que alcance la justicia social y ambiental para la totalidad de nuestrxs habitantes.

La Depredación Ambiental no estuvo de cuarentena

Durante los últimos meses se paralizaron una serie de actividades económicas a raíz del estado de cuarentena a nivel nacional. Sin embargo, aquellas actividades vinculadas a la depredación ambiental no se han visto disminuidas. Solamente entre el 15 de Marzo y el 30 de Abril se desmontaron 9361 hectáreas en nuestro país. Las comunidades afectadas por el avance de la política de los desmontes son pueblos originarios, pueblos rurales y comunidades campesinas. Las consecuencias del desmonte se traducen en la vulneración sistemática de los derechos humanos de dichas comunidades. El desplazamiento territorial de las poblaciones afectadas genera condiciones propicias para fortificar contextos de profunda vulnerabilidad social. Es el caso de las comunidades pertenecientes al pueblo Wichi en la provincia de Salta. Ya se registraron 35 muertes de niñxs a causa de enfermedades vinculadas con la desnutrición y las deplorables condiciones de vida. La responsabilidad de estos atropellos recae directamente en la actividad contaminante que llevan adelante los grupos concentrados de la economía y las oligarquías rurales del agronegocio. En el marco de la profundización de la vulnerabilidad social de amplios sectores de nuestro pueblo, el modelo de agricultura industrial y el monocultivo se vio reforzado por la reducción de los aranceles de importación de insumos necesarios en la producción de agrotóxicos. En Argentina se utilizan más de 200 millones de litros de glifosato por año, y este hecho solo fomenta aún más su uso. La implementación de estos componentes en los procesos de producción agrícola afecta la salud de lxs consumidorxs, de lxs trabajadorxs rurales y de las poblaciones en la periferia del interior. El propio Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación calificó al glifosato como un “veneno” que debemos abandonar.

Para una sociedad más justa, una agenda ecológica y popular

La pandemia generó un contexto social en donde se abrieron puertas a debates que históricamente fueron postergados. Debates relacionados con las demandas históricas de los movimientos sociales del campo popular y con las demandas de las militancias emergentes provenientes de las expresiones de lucha ambiental. Lo que anteriormente se consideraba parte de una agenda minoritaria de la sociedad, ahora se transversaliza hacia amplios sectores de la población. Este es el caso de la situación actual en relación a la tenencia de tierras concentrada en un puñado de grandes terratenientes. Si queremos un modelo productivo distinto, que satisfaga las necesidades materiales de lxs trabajadorxs de la tierra y las necesidades de lxs consumidorxs de alimentos, debemos pensar en políticas públicas que faciliten el acceso a la tierra y que combatan la extranjerización del territorio. Incorporar la noción de la economía popular y la producción agroecológica para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, estableciendo mecanismos de comercialización justos y consolidando un sistema agroalimentario nacional que opere en función de los intereses de las grandes mayorías populares. Un 92% de la ciudadanía Argentina se encuentra concentrada en los centros urbanos. Para lograr una transformación agroecológica a nivel nacional necesitamos políticas públicas que fomenten un mayor arraigo en el ámbito rural y la posibilidad de volver al campo para lxs millones de campesinxs que se vieron obligadxs a relocalizarse en las periferias pobres de la ciudad. La interseccionalidad de luchas nos convoca a la construcción de expresiones en resistencia ancladas a la disputa histórica que ha dado el movimiento feminista. Es imperioso demandar la materialización de las reivindicaciones del feminismo campesino y luchar contra la lógica de la dominación del hombre sobre la naturaleza y del hombre sobre la mujer, las disidencias y las diversidades sexuales. Esto implica fomentar la visibilización de las desigualdades de género y las violencias de géneros en el ámbito rural. Batallar contra el patriarcado en el campo, y reconocer el rol de las mujeres y las disidencias campesinas en la cadena de producción. Un mundo nuevo se construye con el involucramiento masivo de la sociedad en la lucha por las causas justas. La formulación de una conciencia colectiva que nos permita terminar con aquellas prácticas de depredación ambiental sólo es posible si priorizamos la búsqueda de la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la soberanía de nuestro pueblo. El día mundial del ambiente es un dia para reflexionar sobre nuestro rumbo como humanidad y para redoblar la apuesta por un país libre de saqueo y extracción.

 

 

ADHESIONES